Medir
las consecuencias
El
pasado 1 de agosto dejaron de estar en vigor las tarjetas sanitarias
expedidas a inmigrantes que no pudieron acreditar su residencia legal
en España. Dicho de otra forma, la población inmigrante en
situación irregular ha perdido los derechos a la asistencia de los
que gozaba desde el año 2000. Esta medida tiene y tendrá
consecuencias sanitarias y económicas relacionadas con el control el
VIH en nuestro país. Así, un estudio publicado en la revista
Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica por José
A. Pérez-Molina (Hospital Ramón y Cajal, Madrid) y Federico Pulido
(Hospital 12 de Octubre, Madrid), muestra que en España hay unos
400.000 inmigrantes en situación irregular, de los que varios miles
estarían infectados por el VIH. De este colectivo únicamente entre
el 65% y el 70% conocería su infección y, de éstos, una mayoría
estaría recibiendo tratamiento antirretroviral (entre 2.700 y 4.600
personas). El análisis señala que unas 3.000 personas 'sin papeles'
con VIH se habrían quedado fuera del Sistema Nacional de Salud y,
por ende, de poder acceder a los antirretrovirales.
Las
consecuencias de esta decisión, apunta el informe, consistirán en:
un aumento de la mortalidad de los individuos infectados; un
incremento en el número de enfermedades oportunistas y de ingresos
hospitalarios; un aumento de la transmisión del VIH y de otras
enfermedades infecciosas -como tuberculosis- a la población general,
y una mayor probabilidad de transmisión materno-fetal del VIH. Todo
lo anterior tendría un efecto contrario al que se busca: el
incremento de los costes de la atención sanitaria. De hecho, en este
contexto tan “economicista”, muchos estudios han demostrado que,
a medio plazo, es mucho más barata la prevención que el tratamiento
antirretroviral, con un coste de alrededor 8.000 €/año por
persona.
Cuestión
de Salud Pública
La
Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida (SEISIDA), junto con
otras muchas sociedades y organizaciones, ya ha advertido de los
riesgos en términos de Salud Pública de esta decisión y por eso
trabaja para garantizar el acceso universal al diagnóstico y
tratamiento de la infección VIH con independencia de la situación
administrativa de las personas. No tratar, así como no diagnosticar,
no sólo afecta las personas que son portadoras del VIH. Es una
cuestión de Salud Pública, no sólo de igualdad y equidad. Asumir
el coste del tratamiento del VIH resulta imposible para la mayoría
de las personas que carecen de tarjeta sanitaria y, una persona sin
tratar, no sólo atenta contra su salud individual, sino que supone
un importante riesgo desde el punto de vista de salud pública,
debido a que aumenta su capacidad de transmitir el virus a otras
personas, con o sin tarjeta sanitaria.
Por
eso, al igual que otras organizaciones, SEISIDA ha promovido una
campaña
de firmas entre
los profesionales sanitarios que atienden a las personas que viven
con VIH y sida para que el gobierno reconsidere su postura y
garantice una sanidad universal y gratuita. Más de 700 personas ya
se han adherido a esta iniciativa.
El
control de la epidemia del VIH es una prioridad mundial reconocida en
los tratados internacionales firmados por nuestro país; así, dentro
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio auspiciados por Naciones
Unidas, se propone lograr el acceso universal al tratamiento del VIH
y el sida para todas las personas que lo necesiten. La Constitución
Española, en su artículo 43, reconoce el derecho a la protección
de la salud y la obligación de los poderes públicos de organizar y
tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las
prestaciones y servicios necesarios.
La
paradoja española
Además,
resulta paradójico que sea precisamente España el país en donde se
recorten los derechos al acceso a la sanidad. Nuestro país ha estado
en la vanguardia en la lucha contra el VIH y el sida y ha sido
impulsor de iniciativas para el acceso al tratamiento antirretroviral
en los países con menos recursos. Así lo ha demostrado adhiriéndose
a iniciativas como la Declaración de Dublín sobre Cooperación
para luchar contra el VIH/Sida en Europa y Asia Central:
“Breaking the Barriers”, firmada en Dublín en febrero de
2004. En ella se declaraba “la prevención de la infección por
VIH, mediante la promoción de conductas y prácticas sexuales más
seguras y responsables, incluyendo el uso del preservativo, debe ser
la norma de la respuesta subnacional, nacional, regional e
internacional ante la epidemia y que la prevención, el cuidado y el
apoyo y tratamiento de las personas infectadas y afectadas por el VIH
y el sida son elementos que se refuerzan mutuamente para una
respuesta eficaz y deben contemplarse en un enfoque integral para
combatir la epidemia”. Por eso, parece contradictorio que se apoye
la necesidad de tratar a todos los afectados en países pobres y que
dejemos sin tratar en nuestro país a personas procedentes de esos
países.
España
también participó activamente en el documento de la comisión al
Parlamento Europeo, al consejo, al comité económico y social
europeo y al comité de las regiones: Lucha contra el VIH/sida en
la Unión Europea y los países vecinos, 2009-2013, en el que, en
el capítulo titulado Acceso universal a prevención, tratamiento,
atención y apoyo, se subrayaba que “es necesaria una
financiación adecuada y un apoyo político para lograr el «acceso
universal» en toda Europa”. En el documento se señala que las
infecciones por VIH pueden prevenirse y tratarse, y por lo tanto debe
contarse con “información e infraestructuras de atención
sanitaria efectivas”.
Desde
SEISIDA creemos que la crisis no debe ser motivo, o una excusa, para
que España pierda su protagonismo en la prevención y el tratamiento
del VIH.
Por
todo ello SEISIDA se suma a cualquier iniciativa y campaña que
promueva el acceso universal y gratuito a la sanidad en nuestro país,
independientemente de su situación administrativa, nacionalidad,
etc., y quiere manifestar su apoyo a la moción presentada en el
Senado por el Grupo Parlamentario Socialista en la que se insta al
gobierno a garantizar el acceso universal a las pruebas diagnósticas
sin exclusión de ningún grupo de población para determinar la
infección por el VIH y a la asistencia sanitaria y el acceso al
tratamiento para todas las personas residentes en nuestro país
infectadas por el VIH. Aunque estas mociones del senado no son
vinculantes para el gobierno, suponen un hito importante al llevar la
discusión más allá de los foros ciudadanos hasta el mismo núcleo
de la decisión política.
Para
más información:
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