Chaouki Smaali es seropositivo. “Por una mujer”, comenta sin dar más
detalles. Este tunecino que el martes cumple 40 años se enteró de que
era portador de
VIH
en 1996, de casualidad. Un accidente de tráfico le desveló su condición
de infectado. “Me detectaron el virus en los análisis que me hicieron
antes de operarme”, explica. Por entonces aún le iba bien como
instalador de equipos de aire acondicionado. Ahora, mientras trata de
olvidarse de la heroína, no tiene más trabajo que las chapuzas que le
salen para ir tirando. Su mujer y sus dos hijos se han ido a vivir con
sus suegros. Le han cortado el agua corriente por impago y no tiene “ni
para un café”.
El 1 de septiembre el Gobierno quitará la cobertura a los ‘sin papeles’
Pero sus problemas no acaban aquí. Ni con el reto que supone vivir con el VIH. Todo apunta a que,
a partir del 31 de agosto, Chaouki dejará de tener acceso a los costosos medicamentos
(850 euros al mes) que impiden que el virus prolifere hasta el punto de
desarbolar su sistema inmunitario. Es entonces, al caer dramáticamente
las defensas, cuando aparece el sida y las enfermedades oportunistas que
le acompañan (tuberculosis, pulmonías, sarcoma de Kaposi).
A falta de las excepciones que se puedan incluir en el desarrollo
reglamentario, las medidas incluidas en el decreto aprobado por el
Gobierno, destinado a recortar el gasto sanitario, contemplan dejar sin
tarjeta sanitaria desde septiembre a los extranjeros “no registrados ni
autorizados como residentes en España”, unos 153.000, que tendrán como
única cobertura la atención de urgencias. Es el caso de Chaouki, que
tras 20 años en Valencia se ha quedado sin papeles: “Me han denegado el
permiso de residencia”.
El único acceso a estos fármacos es a través de los hospitales público
“¿Qué voy a hacer?”, se pregunta mientras relata su historia, sentado
en un banco en el centro histórico de Valencia. Sus respuestas suelen
llegar precedidas por un silencio que aprovecha para encoger los
hombros, torcer el gesto o resoplar, como diciendo ‘¿qué quieres que te
diga?’. Es después de este preámbulo, cuando responde. “Estoy tirado,
necesito las pastillas y no puedo pagar el tratamiento, estoy muy
preocupado”, lamenta. “¿Qué puedo hacer si me quitan la asistencia
sanitaria? Te quedas bloqueado, no sabes dónde acudir...”.
Chaouki toma cuatro pastillas diarias. Dos de ellas (Truvada) actúan
contra la transcriptasa inversa, una enzima que el virus necesita para
replicarse. Las otras (Prezista y Norvir) bloquean la proteasa, otra
enzima que el VIH usa para multiplicarse. Estos medicamentos solo los
dispensan en España los servicios de farmacia hospitalaria de los
centros públicos. No existe ningún canal alternativo que permitiera a un
paciente con dinero para pagarlos acceder a los fármacos que le dan la
vida. Se verían, pues, expulsados del sistema.
Retirar la asistencia es “una barbaridad”, opina el presidente de Seisida
“Es una barbaridad impedir a estas personas el acceso al tratamiento”, explica Enrique Ortega, presidente de la
Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida.
“No solo pensando en el paciente, también en términos de salud pública;
si mantenemos la carga viral baja con los fármacos, impedimos que se
disemine la infección”. Como indica el también responsable de la unidad
de enfermedades infecciosas del Hospital General de Valencia, “el
tratamiento antirretroviral es el que más eficacia a menor coste
presenta. Desde un punto de vista humano, económico o de salud pública,
[la decisión del ministerio] es absurda”.
Chaouki también acude a la red pública sanitaria para dejar la
heroína. “Una vez olvidé la tarjeta sanitaria y no me querían dar
metadona, menos mal que la médica me conoce y no hubo problema”. Si se
queda sin cobertura asistencial, la buena voluntad del personal
sanitario ya no le servirá de nada.
Más de 150.000 personas tendrán como única salida ir a las urgencias
Lo único que le quedará es el consultorio de
Médicos del Mundo,
un servicio destinado a la población sin recursos que estuvo a punto de
cerrar después de que el Gobierno, en 2000, extendiera la cobertura a
todos los inmigrantes. Esta entidad se quedó apenas sin usuarios y
potenció otras parcelas, como el reparto de meriendas y cenas, un
servicio que Chaouki conoce bien. Si Sanidad retira la asistencia a los
sin papeles, el responsable de la organización en Valencia, Rafael
Sotoca, no descarta volver a potenciar la vertiente asistencial más
dura. Otra cosa son los antirretrovirales. “Ahí no podremos llegar”.
Fuente: elpais.com
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