Con motivo del aniversario del Real
Decreto-Ley 16/2012
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Las
personas con VIH sin acceso al tratamiento antirretroviral tienen más
complicaciones de salud y una mayor capacidad de transmitir el VIH a otras
personas.
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Esta
política de recortes niega el acceso a los tratamientos más avanzados de
Hepatitis C a personas privadas de libertad
Madrid, 24 de abril de 2013.-
Hoy se cumple un año de la publicación en el BOE del Real Decreto-Ley
por el cual muchas personas que residen en nuestro país quedaban excluidas de
la asistencia sanitaria. Por este motivo, activistas de las ONG que trabajan en
el VIH y sida se han concentrado vestidos de presos condenados a muerte, frente
al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para leer un
manifiesto y denunciar que en la actualidad, la situación administrativa de
estas personas supone su total desamparo sanitario, poniendo como excusa su situación
administrativa y violando así los derechos humanos y sanitarios.
Miguel Luis Tomas, vocal de la Comisión Permanente de CESIDA y miembro
de COGAM, señala que “las medidas tomadas por el Gobierno Central y por algunas Comunidades
Autónomas han hecho que el número de personas excluidas del sistema sanitario
haya aumentado considerablemente y constituyen una vulneración de los Derechos
Humanos. La falta de papeles no puede ser una condena a muerte”.
Personas con VIH y el Real Decreto-Ley
El Real Decreto del 24 de abril de 2012 abrió el camino hacia el desmantelamiento de
la Sanidad Pública en España, supuso una involución en el modelo sanitario
público español, suprimiendo dos pilares básicos de nuestra sanidad: los
principios de equidad y universalidad. Esta ley deja a las personas en
situación administrativa irregular en
absoluta indefensión y sin derecho a la asistencia sanitaria. En este sentido,
hay personas con VIH que han dejado de tener acceso al tratamiento, lo que
supone una violación del derecho a la vida y pone en riesgo a la ciudadanía, ya
que una persona con VIH que no sigue un tratamiento antirretroviral tiene una mayor
capacidad de trasmisión del virus.
Todas estas medidas han sido tomadas de espaldas a
la sociedad, haciendo caso omiso de las recomendaciones tanto de ONG’s,
asociaciones de pacientes y organizaciones sociales como de la comunidad médica
y científica, cuya opinión unitaria ha sido y sigue siendo el rechazo total a
las mismas.
Además, fruto de esta política de recortes
sanitarios, se niega el acceso a los tratamientos más avanzados de Hepatitis C,
a personas privadas de libertad y con coinfección por VIH. Miguel Luis afirma que “los
recortes impuestos por el gobierno dificultan enormemente el derecho a salud de
toda la población. Además, ni el Gobierno Central ni las Comunidades llevan a
cabo programas propios de prevención del VIH y las ONG cada vez cuentan con
menos recursos económicos para hacer frente a una adecuada respuesta ante el
VIH y el sida”.
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